Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo

Hermanos y Hermanas:

Quienes firmamos este manifiesto no nos atribuimos representación
alguna. Simplemente asumimos la obligación moral de dar nuestra
palabra honesta y comprometida frente a los difíciles momentos que
vive nuestro país, identificándonos con lo que sienten y piensan
muchas bolivianas y bolivianos.

Cuando en el año 2000 los bolivianos y bolivianas rompimos con las
formas de hacer política y economía a las que nos habían condenado
todos los gobiernos, despojándonos casi de todo lo material y
espiritual, decidimos ponernos de pie y cambiar las cosas por nosotros
mismos. Así, derrotamos al enemigo común de nuestro pueblo y de otros
pueblos como el nuestro: el Estado colonial, los malos gobiernos, los
organismos financieros, como el FMI y el BM, las transnacionales, las
oligarquías, los partidos políticos y los aparatos represivos.

Nuestras armas fueron las piedras y los palos, pero, ante todo, la
capacidad de indignación y lucha, recuperadas ante el desprecio con el
que se nos gobernó y oprimió, siempre en nuestro propio nombre y en el
ajeno beneficio de las élites privilegiadas y el capital
transnacional. Nuestra forma fue la movilización, por eso respondemos
a los movimientos sociales y a las naciones y pueblos indígenas y
originarios. Practicamos esa democracia que siempre hemos querido: la
directa, la participativa, sin intermediarios, en asambleas y
cabildos, en las plazas, las calles, los sindicatos, las comunidades,
los ayllus y los territorios, deliberando, decidiendo y ejecutando lo
que decidíamos. Cambiamos el rumbo del despojo de nuestros bienes
comunes y de nuestro patrimonio nacional construido por las
generaciones de nuestros padres y abuelos, madres y abuelas, y
decidimos, como en el 2000, 2003 y 2005, que el destino de éstos
debería ser el bienestar, la dignidad y la libertad de los que
habitamos en este territorio, sin exclusión ni discriminación.
Derrotamos al proyecto neoliberal, a la política partidaria
excluyente, circense, mercantilista y corrupta, y le devolvimos el
sentido ético a lo político, entendiéndolo como la capacidad colectiva
de construir un destino común.

Fue así como la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad,
los y las ciudadanas, con su lucha y su esperanza, y desde sus
comunidades y organizaciones de base, abrió el proceso de cambio,
dándole la finalidad de transformar profundamente la injusta realidad
que ha imperado siempre y de construir un nuevo Estado y una nueva
sociedad, donde todas las personas convivan en equidad, justicia y
fraternal armonía, entre sí y con la gran comunidad de vida que
expresa nuestra Madre Tierra.

Hoy, en el año 2011, al quinto año de gobierno del Presidente Evo
Morales, todos y todas nos preguntamos: ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado?
¿Cuál es la situación y el futuro del proceso de cambio que hemos
abierto entre todos y en el que hemos depositado nuestras esperanzas
de un mejor futuro colectivo?

En lo económico

Hoy la gran mayoría de nuestro pueblo se encuentra básicamente en la
misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo
siempre. Pareciera que los que más mejoraron son los que siempre
estuvieron bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y
mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. El gasolinazo del
26 de diciembre ha evidenciado que la gestión económica de este
Gobierno se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que
mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión, y no a
la construcción de otras nuevas, justas y liberadoras, como es el
mandato del pueblo boliviano.

A 5 AÑOS DE LA NACIONALIZACIÓN, LAS TRANSNACIONALES SIGUEN EN PODER DE
NUESTROS CAMPOS HIDROCARBURÍFEROS.

La nacionalización decretada el 1 de mayo de 2006, para hacerse real y
efectiva, tendría que haberse consumado en una rápida secuencia de
acciones centradas en la reapropiación material de los hidrocarburos,
en toda la cadena productiva, por parte del Estado boliviano expresado
en YPFB. Sin embargo, hasta la fecha, ese proceso se ha reducido a la
sola recuperación de los sectores secundarios del transporte y la
refinación. A cinco años de su refundación, YPFB no opera, salvo
alguna posible excepción irrelevante, ningún campo hidrocarburífero en
producción, y no muestra la voluntad de imponer su estrategia ni hacer
prevalecer los intereses nacionales frente a las empresas
contratistas, como correspondería en ejercicio del inalienable derecho
propietario del Estado boliviano, honrando el discurso de “socios no
patrones”. La inconsecuencia con el interés nacional ha llegado a la
inconcebible situación de adquirirse, a alto precio, la mayoría
accionaria en determinada empresa hidrocarburífera, para luego ceder a
la socia transnacional la condición de operadora y, consiguientemente,
el dominio efectivo del proceso productivo.

Las transnacionales petroleras, supuestamente nacionalizadas, se han
beneficiado de injustas y leoninas indemnizaciones cargadas a YPFB.
Así ocurrió, por ejemplo, con Transredes, que fue indemnizada con
alrededor de 241 millones de dólares, aunque delinquió y causó grave
daño económico al Estado boliviano en los años anteriores, o con las
indemnizaciones por inversiones financiadas con deudas asumidas por
YPFB. A otras, YPFB les está devolviendo el costo, globalmente
establecido en 1.500 millones de dólares, de inversiones pasadas que
permanecen en su poder y beneficio. A todas las empresas contratistas,
YPFB les devuelve por concepto de costos recuperables grandes
cantidades de dinero que solo el año 2010 llegaron a 640 millones de
dólares, siendo que este concepto, por su especial amplitud y
ambigüedad, puede aplicarse a una gran variedad de situaciones, muchas
de ellas carentes de legitimidad y efectivo control por parte de YPFB.
Las transnacionales se benefician también con la injusta devolución
del impuesto a las transacciones (IT), a pesar de que este impuesto
recae en última instancia en los consumidores. Por último, algunas de
estas empresas, como en el caso de PETROBRAS, han venido siendo
ilegítimamente favorecidas con la exportación de gas boliviano de un
alto valor energético asociado que no se reconoce en su precio de
compra.

No obstante todos los injustos privilegios de los que siguen gozando,
y del dominio efectivo del proceso productivo que conservan, a cinco
años de la nacionalización, las transnacionales petroleras solo
aportaron 1.528 millones de dólares (regalías e IDH) el año 2010.
Pero, si restamos los 640 millones de dólares que las petroleras
exigen que YPFB les pague por costos recuperable del mismo año,
resulta que su contribución efectiva se reduce a 888 millones de
dólares, mientras que los otros empresarios aportaron por impuestos a
las utilidades 857 millones de dólares el mismo año. Es decir, todos
los empresarios contribuyeron con 1.746 millones de dólares el año
2010. Entre tanto, los consumidores y ciudadanos, el pueblo, aportó
por una serie de impuestos, sin incluir el de las propiedades,
alrededor de 2.300 millones de dólares en el año 2010. En otras
palabras, el pueblo contribuye con montos mayores a los de los
empresarios para sostener al Estado.

En contraste, YPFB sufre la descapitalización constante, pues debe
hacerse cargo del pago de las indemnizaciones y de la devolución de
los costos recuperables, las inversiones y el impuesto a las
transacciones a las transnacionales. Asimismo, se ha cargado a la
débil economía de la empresa el pago de los bonos Juancito Pinto y
Juana Azurduy y de la Renta dignidad. Al mismo tiempo, YPFB sufre una
grave incapacidad operativa. Así se reveló cuando, en una relativa
compensación a su descapitalización permanente, se le destinó 1.000
millones de dólares de las reservas internacionales, y en dos años no
tuvo la capacidad de invertirlos ni siquiera en una pequeña
proporción.

Mientras el poder de las transnacionales petroleras se ha
reestructurado con rostro remozado y conserva lo principal de su
dominio sobre los hidrocarburos bolivianos, YPFB se ha refundado
aplastada por el peso de las deudas y los bonos, por una abrumadora
incapacidad de gestión y por un manejo clientelar que en el pasado
produjo su ruina. Por eso, a cinco años de su refundación, es una
empresa débil y marginal en el proceso productivo de los
hidrocarburos, no ha superado de manera efectiva y esencial la
condición residual a la que la condenó el neoliberalismo, y no es
capaz de desarrollar una estrategia empresarial que permita la
efectiva reapropiación nacional de los hidrocarburos.

BOLIVIA FINANCIA AL CAPITAL FINANCIERO TRANSNACIONAL CON SUS RESERVAS
INTERNACIONALES.

Como demostración de la buena salud de la economía nacional y del
éxito de sus políticas económicas, el Gobierno de Evo Morales
propagandiza la existencia de reservas internacionales que expresan el
ahorro del país y que a la fecha tienen la dimensión nunca antes
alcanzada de 10.700 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio que
el país, y particularmente sus sectores sociales mayoritarios, obtiene
de dichas reservas es escaso y dudoso, mientras es evidente y
destacado el obtenido por el capital financiero transnacional.

En efecto, se ha destinado una parte importante de las reservas a la
compra de bonos de bancos y gobiernos extranjeros, como el de EEUU y
Portugal. Solo el primer semestre del año 2010, Bolivia invirtió 734
millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a un
interés promedio del 2%. Con lo que resulta que el Gobierno,
pretendidamente antiimperialista de Bolivia, financia con el
sacrificado ahorro interno del país, al mismísimo tesoro del imperio.

Asimismo, el Gobierno de Bolivia, durante el primer semestre de 2010,
compró bonos del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria de España por un
valor de 1.290 millones de dólares. En este caso, la inversión
boliviana tiene la extraordinariamente baja tasa de interés de
alrededor de 0,25 %, mientras los créditos concesionales que recibe el
país del Banco Mundial tienen tasas de interés del 0,50%, de 2,5% los
otorgados por la Corporación Andina de Fomento, y de 2%, los créditos
solidarios de Venezuela. Es decir, el Gobierno de Evo Morales emplea
el ahorro del pueblo boliviano en otorgar créditos concesionales a la
banca transnacional, con intereses 8 veces menores a los de los
créditos solidarios que Venezuela brinda a Bolivia. El
“anticapitalista” y “antiimperialista” Gobierno de Evo Morales es
mucho más generoso y solidario con la banca transnacional, núcleo duro
y agresivo del capital mundial, de lo que el Presidente Hugo Chávez lo
es con Bolivia. Por otra parte, al considerar la importancia y
disponibilidad de las reservas internacionales, se debe tener en
cuenta que cerca de 4 mil millones de dólares de las mismas deben
destinarse a respaldar las importaciones bolivianas del extranjero, y,
asimismo, que su cuantía debe cotejarse con la de la deuda externa
que, al presente, se halla alrededor de los 3.000 millones de dólares.

En suma, bajo un altisonante discurso anticapitalista y
antiimperialista, el Gobierno de Evo Morales ha financiado a países
ricos y a la banca transnacional con más de 2.500 millones de dólares
del sacrificado ahorro nacional de uno de los países más pobres del
continente, otorgados a bajísimos intereses solidarios. Al mismo
tiempo, han sido insignificantes y absolutamente insuficientes los
recursos públicos invertidos en los sectores productivos del país, no
obstante que entre ellos existen muchos emprendimientos que
redituarían mucho más que los míseros intereses que paga el Tesoro de
EEUU o el banco Bilbao Vizcaya. Ante la escasa inversión pública para
el desarrollo productivo general del país, se han perdido importantes
oportunidades para diversificar la economía con sustento productivo,
buscar la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y disminuir la
dependencia tecnológica, o reconstruir y fortalecer efectivamente las
empresas estratégicas del país. Aún más grave y frustrante para el
proceso de cambio, se ha defeccionado así del propósito revolucionario
de construir y desarrollar el sector social y comunitario de la
economía, programáticamente constituido en el eje de un nuevo modelo
económico de auténtica equidad y amplia inclusión social, que
conduciría a la nueva sociedad que anhelan los bolivianos y
bolivianas.

Lo anterior, nos ha impedido salir del modelo extractivista al que
hemos estado históricamente condenados por el colonialismo y la
colonialidad. Más bien, se ha reforzado su persistencia robusteciendo
las cadenas de nuestra dependencia respecto del centro del sistema
capitalista mundial, supeditándonos a la división del trabajo y a los
condicionamientos del mercado internacional, transfiriendo nuestros
recursos naturales y valores y des-acumulándonos en aras de la
acumulación del capital transnacional. Por el contrario, de lo que se
trata, de acuerdo con el horizonte establecido por la nueva
Constitución y abriendo las rutas de una transición transformadora y
emancipadora, es de salir del modelo extractivista y de la dependencia
y construir un modelo productivo generador de nuevas relaciones
sociales de producción basadas en la solidaridad, la complementariedad
y la reciprocidad. Un nuevo modelo socioeconómico que, en el marco de
una economía plural, integrada, articulada y complementaria, nos
conduzca a la sociedad del vivir bien y a la construcción de otro
mundo.

Más deuda para cargarla sobre los hombros de los bolivianos.

Dado que al Estado no le alcanzan sus ingresos, como lo muestra el
déficit fiscal en el que se ha caído, debido a su política rentista,
de crecimiento burocrático y grandes concesiones a las
transnacionales, el Gobierno ha venido acrecentando la deuda pública
aceleradamente. Solo en el año 2011, los créditos de agencias
multilaterales y de otros países significaron alrededor de 1.500
millones de dólares de endeudamiento neto nuevo. Así, a fines del
2010, la deuda externa se acercaba a los 3.000 millones de dólares. El
otro componente de financiamiento del Estado, la deuda interna,
también ha experimentado un gran crecimiento, superando los 4.500
millones de dólares en 2010. En suma, la deuda del Estado boliviano ha
superado ya, al presente, los 7.500 millones de dólares.

Pero para el Gobierno, este gigantesco endeudamiento parece no ser
suficiente ni representar problema alguno, pues ha decidido endeudarse
mucho más. Para ello, el ministro de economía ha anunciado que se
emitirán bonos del Gobierno de Bolivia por un monto de 5.000 millones
de dólares para ofertarlos en el mercado internacional solo durante el
año 2011. Continuar con dicha política es un grave atentado para la
economía nacional. Si se materializan las nuevas proyecciones de
endeudamiento, los bolivianos no podremos terminar de pagar semejante
deuda, cuyo peso asfixiará y aplastará, como ha sido la dolorosa
experiencia de todo el continente con la deuda externa, todas nuestras
iniciativas y esfuerzos de desarrollo soberano.

El gobierno pretende obtener nuevos ingresos a costa de los humildes,
tal y como razonaron y actuaron los neoliberales del pasado. Es por
ello que se han detectado recursos en los seguros de los trabajadores
y se pretende utilizarlos contra la voluntad de sus titulares y sin
respetar sus derechos ni la autonomía de sus instituciones. De igual
modo, en el proyecto borrador de la Nueva Ley de Hidrocarburos 2011,
se formula una serie de tasas sobre ventas brutas y otras que
inevitablemente se descargarán sobre la población que ya ha visto sus
ingresos reducidos por la inflación. Es la sombra de un nuevo
gasolinazo, mucho más disimulado, que se cierne sobre la cabeza del
pueblo boliviano.

En lo político

También el ámbito político, el de la construcción de la democracia
participativa, ha sido escenario de grandes capitulaciones
gubernamentales y, consiguientemente, profundas frustraciones para la
marcha del proceso de cambio.

El soberano mandato del pueblo boliviano, claramente expresado en la
nueva CPE, establece el imperativo supremo de construir el Estado
Plurinacional Comunitario, concebido como la integración emancipadora
de la sociedad boliviana, que amplía y profundiza la democracia
mediante sus formas directas y comunitarias, y el autogobierno local y
étnico expresado en las autonomías indígena, departamental, municipal
y regional. El Estado Plurinacional Comunitario, en ningún caso, puede
suponer la conculcación de la tradicional democracia representativa,
sino su profundización y complementación histórica, dando al conjunto
de la sociedad más derechos, garantías, libertad y, sobre todo,
participación en las decisiones públicas, en síntesis, más democracia.
Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales ha tomado una inocultable
opción antidemocrática; ha violado reiteradamente la nueva CPE, recién
aprobada por la esperanzada voluntad de transformación democrática del
pueblo boliviano, y ha cancelado la auténtica construcción del Estado
Plurinacional.

SE HAN VIOLADO PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA.

Las graves agresiones a la democracia y violaciones a la nueva CPE
empezaron con la transgresión al elemental principio democrático de la
independencia de poderes que se produjo cuando el Órgano Ejecutivo,
con la complacencia servil de la Asamblea Legislativa, nombró vertical
y arbitrariamente a las principales autoridades del Órgano Judicial.
La subordinación de la administración de justicia a la voluntad del
gobierno central, que por sí solo revela este acto, ha generado
justificadas dudas en la ciudadanía sobre la transparencia y
legitimidad que se dará a la elección de los magistrados por voto
universal, de acuerdo con la norma constitucional, más aún, cuando
dicha subordinación tiene una larga y vergonzosa confirmación en las
múltiples y subrepticias acciones con las que el Gobierno ha
instrumentado a distintas instituciones públicas relacionadas con la
administración de justicia para eliminar o reprimir la oposición y la
disidencia política. Más allá de su profundo sentido autoritario, esta
sostenida actitud ha tenido un particular impacto exculpatorio de los
verdaderos corruptos de la partidocracia tradicional, al mezclarlos,
bajo el mismo tratamiento arbitrario, con quienes son víctimas de la
injusta represión política judicial, convirtiéndolos también en
víctimas. Por lo demás, la forzada celeridad y debilidad de
fundamentos con los que se enjuician y destituyen a opositores
contrasta con la indulgente lentitud e inoperancia frente a la
creciente corrupción de los oficialistas.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Evo Morales ha dado un fuerte giro
autoritario frente al conjunto de la sociedad. Así, mientras se
proclama gobernar obedeciendo, se lo hace, en realidad, desde una
estrecha concentración del poder y las decisiones sobre el futuro
colectivo. Por eso, se han evitado o eliminado todos los espacios que
permitirían la efectiva participación social en la conducción del
proceso o se los ha reducido a insignificantes simulacros
protocolares. A las legítimas demandas y movilizaciones con las que
los sectores populares ejercen sus derechos y defienden sus intereses,
se ha venido respondiendo con la descalificación calumniosa, la
intimidación sistemática o la represión violenta y brutal. Esto ha
sido particularmente evidente en el campo del trabajo asalariado,
donde la lucha de los trabajadores contra las condiciones de
precarización que sufren y el desconocimiento de sus derechos sociales
viene siendo respondida desde el Gobierno con la calumnia, la
intimidación y la represión. El Gobierno de Evo Morales ha envuelto su
gestión y sus actos en una densa intransparencia que la hace
inaccesible al conocimiento y control de la ciudadanía, reduciendo la
divulgación de la gestión pública al mediocre ejercicio
propagandístico.
Por último, las conductas autoritarias y represivas en el Gobierno se
combinan con la reproducción de las antiguas prácticas de
prebendalismo y distribución corporativa de la administración pública
que caracterizaron al Estado oligárquico y colonial, degradando la
función pública y sometiendo a las organizaciones populares al
envilecimiento de la servidumbre política. Hoy, como en los tristes
tiempos de la decadencia de la Revolución del 52 y del pacto
militar-campesino, hay una dirigencia social siempre lista para
enfrentarse agresivamente, y sin más argumento que su obsecuencia
oficialista, a las protestas obreras, las marchas indígenas y
cualquier otra manifestación de disconformidad de los sectores
populares.

SE HA ABANDONADO LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL.

Pero si principios e instituciones fundamentales de la democracia
representativa han sido trasgredidos o avasallados, la constitución
concreta de las nuevas instituciones públicas, en las que debe
adquirir vigencia real el Estado Plurinacional Comunitario, ha sido
obstruida, distorsionada, postergada o abandonada por la acción u
omisión del Gobierno. Así, las leyes aprobadas por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, sin consulta con los pueblos indígenas y
originarios, han desconocido la letra y el espíritu de la nueva
Constitución y han herido de muerte el proyecto del Estado
Plurinacional Comunitario.

Para empezar, en la Ley de Régimen Electoral se ha violado
flagrantemente el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la
representación política directa, menoscabando profundamente el
carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al establecer un
número de circunscripciones especiales indígenas que priva de
posibilidades reales de representación política directa a varios
pueblos indígenas del territorio nacional, y niega toda posibilidad de
ello a los pueblos indígenas de Chuquisaca. En el mismo sentido, en la
Ley de Autonomías y Descentralización, se han establecido, para la
constitución y funcionamiento de las autonomías indígenas, normas
obstructivas que desconocen, en este ámbito socio-cultural
eminentemente comunitario, las prácticas de la democracia comunitaria
constitucionalmente reconocida, además de desconocerse la
pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a la Colonia y
la República, como estipula el artículo 2 de la nueva Constitución.

Asimismo, la reforma del sistema educativo, ámbito fundamental para la
emancipación cultural y la construcción de un sentido de ciudadanía
plurinacional, no solo que no es objeto de ningún avance real y
práctico, sino que experimenta sensibles retrocesos en los modestos
logros de años anteriores. Por último, la Ley de Deslinde
Jurisdiccional es colonial y racista porque limita la jurisdicción
indígena originaria campesina a una especia de minoría de edad, al
igual que en la Colonia, contradiciendo la administración de justicia
propia según la nueva Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

SE HA DAÑADO Y AGREDIDO A LA MADRE TIERRA.

El Gobierno de Evo Morales, que en los foros internacionales se sitúa
a la vanguardia discursiva de los derechos de la Madre Tierra y de los
pueblos indígenas, ha favorecido los graves alcances destructivos y
depredadores del modelo extractivista. Estos irradian la destrucción
de la naturaleza al campo social, destruyendo las capacidades de
convivencia y cohesión, al cultural, socavando las redes y valores
simbólicos, y al ético, empujando a la gente al abismo de la
decadencia moral. En este sentido, como ningún gobierno del pasado
reciente, ha asumido en su totalidad el diseño subimperial del
capitalismo brasileño para implementar megaproyectos de
infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales.
Estos proyectos además implican, primero, alto endeudamiento externo
con la consiguiente pérdida de soberanía y, luego, graves e
irreparables daños al ecosistema y al ejercicio de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y originarios.

En este afán, el Gobierno ha venido violando reiteradamente el derecho
a la consulta previa e informada que la nueva Constitución ha
establecido en favor de los pueblos indígenas y originarios cuando se
pretende ocupar o afectar su territorio con obras o actividades de
distinta naturaleza, como es el caso dramático de la carretera que se
pretende construir, con capital y empresa brasileños, en el Parque
Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, sin la previa e
informada consulta a las comunidades indígenas que lo habitan
ancestralmente y que son su legal y legítimo propietario. En la misma
dirección, el gobierno impulsa la legalización de los productos
transgénicos, manipulados y comercializados bajo el control monopólico
de ocho transnacionales, que atentan contra la diversidad y los ciclos
de la vida, y la integralidad complementaria de los seres vivientes,
sometiendo a las comunidades campesinas e indígenas, a los productores
agrarios y a los consumidores a la absoluta dependencia de los
circuitos de ganancia de las transnacionales que, de este modo, se
hacen dueñas de la reproducción de la vida para mercantilizarla.

En el derrotero de la Guerra del Agua, de la marcha indígena por la
Asamblea Constituyente, de las incontables movilizaciones campesinas e
indígenas por tierra y territorio, de las victoriosas insurrecciones
populares de abril y septiembre del 2000, octubre del 2003 y mayo y
junio del 2005, y de todas las gestas combativas del pueblo boliviano,
convocamos a todos los bolivianos y bolivianas a recuperar el proceso
de cambio para el pueblo, y a construir, con su capacidad colectiva
creadora, un destino común de justicia, libertad y dignidad. En esa
perspectiva, proponemos la apertura inmediata de espacios
deliberativos de amplia concurrencia, en los que, los que queremos
recuperar y reconducir el proceso de cambio, evaluemos honesta y
profundamente la situación del país y construyamos, colectiva y
democráticamente, las propuestas y alternativas que nos conduzcan a
conquistar el mañana soñado.

1.- Alejandro Almaraz
2.- Roberto Fernández
3.- Oscar Olivera Foronda
4.- Gustavo Soto
5.- Aniceto Hinojosa
6.- Marcela Olivera Foronda
7.- Víctor Hugo Sainz
8.- Freddy Villagómez
9.- Leonardo Tamburini
10.- Fernando Machicado
11.- Hugo Siles Alvarado
12.- María Eugenia Flores Castro
13.- Camila Olivera Rodríguez
14.- Gastón Zeballos
15.- Juan José Olivera Rodríguez
16.- Lic. Teresa Polo Nájera
17.- Dr. Ramiro Becerra Márquez
18.- Pablo Mamani
19.- Moisés Torres
20.- Mario Laura
21.- Gustavo Guzmán
22.-Raul Prada
23.- Rafael Quispe
24.- Ernesto Sánchez
25.-Oscar Vega
26.- Jorge Komadina
27.- Ana María Bravo
28.-Zenobia Tocojori
29.- Pablo Regalsky
30.- Julia Chambi
31.- Marcelo Delgadillo
32.- Jorge Costas
33.- Eliana Quiñones
34.- Gabriel Rodríguez
35.- Luis Huanca
36.- Yajaira San Martin
37.- Marcelo Rojas

http://narconews.com/Issue67/articulo4456.html

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