Carlos Crespo

1. Por las críticas realizadas al enfoque de derechos y sus expresiones en la política pública del agua, los acuerdos respecto al agua y sus servicios deben realizarse desde las necesidades, no desde los derechos.

Ambos proyectos de ley tienen un patrón conceptual común que los conecta: los derechos; asumen que el derecho humano al agua es un avance para la gestión público estatal del agua, más aún, orientan su contenido y buscan cohesionar a los actores sociales del agua alrededor de los derechos. En suma, el enfoque de los derechos es el discurso dominante y orientador de las dos propuestas de ley, más allá que sean apoyadas por el oficialismo o la oposición. Para garantizar la «seguridad jurídica» de los sistemas comunitarios de riego y agua, se deben visibilizar/legibilizar sus «usos y costumbres», la licencia y el registro dan estatuto legal al «derecho»

Solo menciono un problema: su carácter confrontacional, pues es “tu” derecho contra “mi” derecho por tanto convertido en política pública es escenario de múltiples conflictos, entre comunidades, sistemas, municipios, valles contra alturas, cada uno defendiendo “sus derechos” de acceso, uso al agua y sus servicios, como ha sucedido en el caso de la ley de riego. De hecho, antes de proponer leyes deberíamos evaluar las que ya se han implementado, como es el caso de la ley de riego del 2004.

2. Antes que fortalecer al estado y la burocracia hídrica, como ha sucedido hasta hoy, la ley debe buscar fortalecer los sistemas comunitarios, cooperativos de agua y riego, y en general los comunes del agua, lo público del agua y sus servicios.

Asistimos a un proceso de “estatalización” del agua en el país, a través de la creación del ministerio del agua, la constitucionalización del DDHH al agua, la estatalización de los usos y costumbres vía derechos, la paulatina expansión de los modelos público estatales y debilitamiento de los sistemas comunitarios de gestión del agua y sus servicios, forma parte de una estrategia estatal de legibilizar la interrelación sociedad y agua. Legibilizar de aquellos territorios, ecosistemas, poblaciones, organizaciones sociales, donde hasta el momento el estado y la burocracia hidráulica no había ingresado, por tanto no habían sido incorporados al horizonte de disciplina y control de los poderes estatales; En el sector riego, el reconocimiento legal de derechos de uso a través de los registros y licencias para los sistemas comunitarios/asociativos de riego y AAPP, los incorpora también a los deberes frente al estado; aguas que nunca fueron utilizadas industrialmente por el estado en gran escala son incluidos en el “gran salto industrial”; ecosistemas acuáticos o de importancia en el régimen hídrico y de lluvias en otros departamentos, normalmente ubicados en áreas protegidas y territorios indígenas, como el TIPNIS (Sarela y cía.) donde nunca hubo presencia material del estado, hoy son puestos a disposición para la construcción de carretas, explotación minera, hidrocarburífera, forestal.

3. Son necesarios otros enfoques, visiones del agua y sus servicios.

Hoy, el desarrollo sostenible es el enfoque predominante del marco normativo del agua, como se sabe, perspectiva que fundamentalmente busca articular crecimiento económico y conservación ambiental y de los RRNN, en el mundo real imposible de conciliar dado que no es posible crecer indefinidamente en un planeta finito.

Del enfoque del desarrollo sostenible han emergido otros conceptos dominantes en los marcos normativos, regulatorios e institucionales del agua – gestión integral de recursos hídricos (GIRH) – planificación integral de cuencas – adaptación al cambio climático.

El desarrollo sostenible ha sido criticado por ser ambiguo, idealista, un discurso que legitima la vorágine depredadora del capitalismo global.

Ambas propuestas siguen insistiendo en estos paradigmas que reproducen más de lo mismo.

Un planteo alternativo al marco normativo debe incluir la noción de que existen límites ecológicos que no deben ser sobrepasados con los procesos de desarrollo. Asimismo, es preciso planificar el agua y sus servicios desde las necesidades, sus formas, mecanismos de satisfacción de tales necesidades y los efectos que produce sobre los hábitats, humanos y de otras especies.

Planificar el agua y sus servicios dentro limites ecológico sociales supone entender los territorios como bioregiones, es decir espacios geográficos donde existen caracteres homogéneos desde el punto de vista ecológico, con fuertes vinculaciones entre las poblaciones humanas y complementariedades y similitudes en los usos humanos que se hacen de esos ecosistemas. (Gudynas, 2002). Por otro lado, los que planifican son los actores involucrados en la gestión del agua, no el estado. Si aplicamos aquello, tendremos menos burocracia hídrica y más prácticas de acuerdos desde abajo.

El agua debe ser administrada de forma descentralizada y federada. Descentralizada porque existen múltiples formas de provisión del servicio o de gestión del agua,  con sus propias normas y regulaciones, desde comunidades, asociaciones, cooperativas, empresas municipales -más o menos descentralizadas, donde la población o usuarios interactúa directamente. Federada porque voluntariamente estos sistemas se juntan, coordinan, se alían, logran acuerdos, en función a intereses comunes y los límites ecológicos del territorio.

En en el caso de las empresas o servicios de agua no directamente vinculadas con el estado, ubicarlas como prácticas de economía social, pues no son público estatales ni empresas o servicios privados, sino que están basadas en principios de apoyo mutuo, bien como un, solidaridad, no tienen fines de lucro, tienen diversos niveles de autogestión. La CPEP lo ha ubicado dentro la economía plural, aunque no están claro sus alcances.

El dominio de las interacciones de los sistemas de agua basados en principios de economía social es fundamental de ser respetada y profundizada. Por ello, cuanto menos se meta el estado en la autonomía de los sistemas comunitarios u organizados mejor.